Otro paso hacia la restitución de Derechos

La Dirección de Educación de Adultos (DEA) de la Provincia de Buenos Aires participó de una reunión con la Dirección de Negociaciones Colectivas, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), cuyo objeto fue la presentación oficial de la derogación de la Resolución 4090 del año 2002. Las autoridades elogiaron el trabajo conjunto entre la Modalidad y los gremios docentes, señalando la voluntad política y el importante rol de estos últimos en las consultas anuales para lograr la modificación de la normativa y la posterior restitución de derechos laborales a miles de docentes.

La antigua Resolución sólo permitía licencias por Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) o por embarazo, de manera que no contemplaba enfermedades ni períodos de convalecencia y se disponía la cesantía del trabajador tras una ausencia mayor a dos días. Dicha situación derivaba en la pérdida de profesionales con experiencia y la desaparición de espacios formativos y también generaba trastornos administrativos tales como el cierre de cargos en el marco del Plan Bonaerense de Alfabetización luego de la jubilación del maestro o la falta de pago en el plazo correspondiente.

La 4090 fue desarticulada a través de la Resolucion 1552, la cual establece un nuevo régimen de licencias que permite cubrir los cargos con suplentes y reemplazos por jubilación. Al respecto, el Director de Educación de Adultos Pedro Schiuma señaló que se tomó la decisión de derogarla “ya que así se termina con una injusticia tremenda y porque nos permite implementar el Programa de Alfabetización Ser Parte…de una Nueva Oportunidad de una manera más eficaz, usando los recursos y conocimientos de aquellos que ya tienen un recorrido en la Modalidad y que ahora gozan de los derechos que todos los docentes deben tener”.

Por su parte, el Director de Negociaciones Colectivas Carlos Gimenez destacó el rol de los trabajadores y la buena predisposición de los sindicatos para gestionar políticas públicas que apuntan a equiparar los derechos laborales.